La Crisis del Gas

Por Alberto Pontoni. Abril 2004

Actualmente el país enfrenta una crisis energética originada en la caída del abastecimiento de gas, que se manifiesta en cortes a industrias y generadoras eléctricas, que se estima puede llegar a afectar el crecimiento de la economía en un 2-3% del PBI. El sistema energético argentino es altamente dependiente del gas natural (GN), que representa casi el 50% de su matriz energética. Esto se expresa tanto en la generación de electricidad –la mitad de las centrales opera con gas-, como en las actividades industriales, residenciales y el transporte, donde es utilizado por un número creciente de vehículos.

Por otro lado, la decisión del gobierno nacional de reducir abruptamente las exportaciones de fluido a Uruguay y Chile ha provocado una seria crisis diplomática. (El mayor problema es con Chile, ya que el 35% de la generación de energía de ese país tiene como insumo gas argentino, incluyendo un alto porcentaje de la industria y de hogares de Santiago. La reducción de la provisión de gas redundará en mayores costos en la generación de energía debido al forzado reemplazo por combustibles más caros en las usinas.

La situación tiende a agravarse en el corto plazo debido al aumento de la demanda residencial con la llegada del frío y la dificultad de subsanar la escasez de oferta. Hacer las inversiones necesarias no hechas oportunamente, en exploración y perforación de pozos, lleva tiempo. La importación de gas de Bolivia o de energía eléctrica de Brasil es un paliativo oneroso debido a los cuellos de botella en el transporte y mayor costo del insumo.

Antecedentes

En los últimos 15 años la producción de gas natural se incrementó pasando de 19.000 millones de m3 en 1986 a 48.000 millones en el año 2003 (130 MM m3/día). Del total producido un 15% se exporta y el saldo restante se consume internamente, repartido por partes iguales entre usinas generadoras de electricidad, hogares e industrias (incluyendo vehículos a GNC).

A pesar del aumento de la producción las Reservas Comprobadas de Gas Natural se han mantenido relativamente constantes, en poco menos de 700 mil millones de m3. De allí, que la relación entre Reservas Comprobadas y Producción (R/P) registre una significativa caída en el período bajo análisis, pasando de 36 años, a principios de 1986, a 14 años a finales de 2002, con tendencia decreciente.

Indudablemente, una de las principales causas del estancamiento en la producción de gas reside en la falta de incorporación de nuevas reservas, consecuencia de la menor actividad exploratoria.

¿Por qué no se hicieron esas inversiones y quienes son los responsables de esta situación?

En primer lugar hay que señalar la diferencia de posición entre dos organismos oficiales. Mientras que para la Auditoría General de la Nación "las licenciatarias no cumplieron estrictamente con el cronograma de inversiones obligatorias comprometidas en el contrato de concesión, al no ejecutar las obras o postergar su realización" para el ente regulador del sector, Enargas, "las licenciatarias cumplieron durante el primer quinquenio (1993/1997), con las inversiones obligatorias establecidas contractualmente y durante el siguiente (1998/2002) con todas las comprometidas en la primera revisión quinquenal" ("El Enargas dice que las empresas invirtieron", en La Nación del 12 de abril del 2004).

Para Enargas la escasez actual no es responsabilidad ni de las empresas de transporte de gas (como TGN o TGS) ni de las de distribución (Metrogas o Gas Natural Ban), cuyas obligaciones se limitan sólo a la provisión de un servicio adecuado y no a la realización de inversiones sustanciales, ya que en los contratos se establece que las inversiones por parte de las concesionarias sólo deberán efectuarse cuando "cada obra garantice rentabilidad positiva" y, específicamente en el caso de gasoductos, "cuando haya requerimientos que aseguren el consumo por plazos próximos a los 10 años". En prueba de esta posición se señala que los gasoductos no operan aún al 100% de su capacidad y que el transporte aumentó su capacidad un 66% en diez años.

Desde esta óptica el problema de desabastecimiento se encuentra en el área de producción y el comportamiento de las empresas responsables de extraer el combustible (Repsol YPF, Pan American, Chevron y Total). Como el sector esta desregulado las empresas no tienen obligación de invertir, haciéndolo sólo cuando lo consideran conveniente o rentable. Es, justamente, este sector el que redujo su actividad exploratoria y de explotación a partir de la pesificación y congelación de precios. Mientras que a mediados de los 90 se incorporaban 100 nuevos pozos por año en el 2003 se agregaron sólo 25.

Mas allá de la polémica entre los lobbies vinculados a las empresas de transporte y distribución versus productoras, existe una responsabilidad fundamental del sector público en la transferencia de propiedad y política de explotación de recursos naturales.

A decir del experto en temas energéticos y vicepresidente de la Fundación Bariloche, Daniel Bouille ("Impresiones sobre la crisis energética en Argentina", 29 de marzo del 2004) "la racionalidad de los actores privados, ante un inadecuado marco de regulación y control, pasó por la maximización de los beneficios de corto plazo que se manifestó en: maximización de la producción sobre la base de reservas descubiertas con anterioridad al proceso de privatización (el horizonte de reservas de gas natural pasó de 44 a 14 años), minimización de las inversiones en exploración y desarrollo, maximización de la capacidad de transporte de los gasoductos troncales existentes (mediante loops y plantas compresoras) sin invertir en nuevas troncales a pesar que las tarifas de transporte se lo permitían, y aprovechamiento de todas las oportunidades de exportación posibles".

Rentabilidad e Inversión

Como antes se señalara el problema mayor se centra en la falta de inversiones destinadas a expandir la producción de petróleo y gas. El principal argumento esgrimido por las empresas productoras para justificar su escasa actividad reside en la supuesta reducción de ingresos y rentabilidad en dólares a consecuencia de la pesificación y congelamiento del precio del gas en boca de pozo, sumado a las retenciones que se aplican sobre las exportaciones.

Esto no es así. En verdad las petroleras han tenido en los últimos años un incremento sustancial de su rentabilidad, a pesar de la pesificación, congelamiento de precios y retenciones, como consecuencia de los excepcionales precios que ha alcanzado el crudo en el mercado internacional. Si se considera el precio medio de los últimos 2 años respecto del promedio de la década pasada el alza alcanza al 35% y si se toman los precios del 2004 el incremento supera el 50%. Esto representa para las petroleras locales ingresos adicionales superiores a los 1000 millones de dólares anuales.

Por su parte, las empresas de transporte y distribución de gas también han obtenido pingues beneficios durante su desempeño, ya que en sus primeros años de actividad (1993-2001) repartieron en concepto de dividendos 3.100 millones de dólares, poco más del 80% de lo abonado en el proceso de privatización.

A título de conclusión

Argentina es un buen ejemplo de los resultados de medidas y políticas plagadas de corrupción que responden a intereses de sectores particulares. La crisis energética que hoy vive el país es una consecuencia de esos desmanejos y de un Estado mutilado, con restringida capacidad para hacer frente al chantaje de las grandes corporaciones, como las que operan en el sector petrolero. De allí, la necesidad de realizar una revisión profunda de la política de concesión y transferencia de recursos naturales y estratégicos.

El actual gobierno, que hasta el momento poco ha hecho para cambiar las reglas de juego en este terreno, tiene una excelente oportunidad de demostrar su capacidad y voluntad política para enfrentar esta situación, desmintiendo en los hechos la supuesta tolerancia que algunos críticos insinúan respecto de los grandes corporaciones que operan en este sector.