Funciones del Estado

Si bien hay consenso de que el estado debe existir, no lo hay sobre las funciones que debe desarrollar,  y en consecuencia en su tamaño e intervención en la economía

Musgrave sostiene que son tres las funciones que el estado debería desarrollar:

  • La función de asignación de determinados bienes y servicios sociales a través de la política presupuestaria.
  • La función de distribución, o mejor dicho de predistribución, generada a partir de cobro de impuestos en los sectores con mayor capacidad para contribuir, y la ejecución del gasto dirigido hacia quienes no tienen la capacidad económica para adquirir ciertos bienes y servicios.
  • La función de estabilización, ya que a través de los impuestos y el presupuesto se puede tratar de llegar al pleno empleo, crecimiento del a economía, y estabilidad de precios. La finalidad de esta función es evitar fluctuaciones importantes en la economía. Los instrumentos mas importantes de estabilización son:

Los instrumentos monetarios, como el control de la oferta monetaria efectuado por el banco central o reserva federal.

Los instrumentos fiscales, que pueden incidir en las variables macroeconómicas. Por ejemplo, una reducción de impuestos, probablemente incremente la demanda y la inversión, siempre y cuando la mayor porción de renta quede en el sector privado.

Adam Smith reconocía que el estado debía existir, aunque en una mínima expresión, proveyendo solo algunos bienes públicos, como defensa y representación exterior, garantizando el libre funcionamiento del mercado.

Wilfredo Pareto, también defensor del libre funcionamiento del mercado, reconocía como primera función del estado la de garantizar el derecho de propiedad de los productores y el de los consumidores para que el mercado funcione correctamente.

Durante el siglo XIX en la literatura económica se pone énfasis en la falta de eficiencia del mercado para que, por si solo, resuelva determinados problemas adicionales al de la provisión de bienes públicos. La necesidad de provisión de estos bienes se ha incrementado notoriamente a lo largo del siglo XX, y con ello el tamaño e intervención del estado en la economía.

Los principales que suelen justificar la intervención del estado en la economía son:

  • Fallas de Mercado: externalidades, bienes públicos e información asimétrica.
  • Pobreza y distribución del ingreso.
  • Igualdad de oportunidades: el estado debería garantizar el derecho a la educación, salud, alimentación y vivienda.
  • Paternalismo: hay quienes justifican la intervención del estado porque a veces las personas no actúan en función de su propio interés. Ello requiere que el estado intervenga brindando lo que se denomina “bienes meritorios”. La posición opuesta es la de quienes se enrolan en el liberalismo y sostiene que el estado debe respetar las preferencias y elecciones de las personas.
  • Futuras generaciones: sostiene que en el sector privado y mediante el libre funcionamiento del mercado los individuos actúan en función de su propio interés, pudiendo a veces tomar decisiones que no consideran el bienestar ni los derechos de las futuras generaciones. Por ejemplo, la protección del medio ambiente.

Es importante destacar que la intervención del estado por si misma, no garantiza el cumplimiento del objetivo inicial propuesto, el bienestar de la sociedad. Es decir, así como existen las fallas de mercado, también existen las del estado, sobre todo cuando su intervención se produce sin justificación.

 Algunos economistas, como Milton Fridman, sostienen que las fallas del estado son tan importantes que debería reducirse al mínimo su actividad, siendo preferibles las fallas de mercado antes que las del estado.

Las causas por las que se producen las fallas del estado son:

  • Información ilimitada: por ejemplo, debido a la imposibilidad de conocer con cierta precisión la reacción del a sociedad ante un determinado beneficio social.
  • Escaso control sobre la respuesta del mercado. Muchas veces los mercados son impredecibles.
  • Limitado control de la burocracia administrativa.

Limitaciones impuestas por el proceso político. Por ejemplo, el establecimiento de programas asistenciales puede contar con la desaprobación de sectores que desean otros destinos para esos fondos públicos.