El Interés General

A raíz del anuncio de ajuste tarifario de las denominadas prepagas, la ministra Miceli opuso, en sus declaraciones, el interés general al interés particular, confundiendo en varios puntos el verdadero sentido de tales intereses.

Que el gobierno argentino aplica descaradamente un sistema de control de precios es una obviedad tan grande que resulta a estas alturas grotesco repasar lo declarado por el mismísimo presidente Kirchner hace unas semanas en su viaje a EEUU. Tal control ha sido negado no ya por el pintoresco secretario Moreno, quien afirmara que aquí hay “control de costos” y no de precios, como si el costo no fuera un precio; sino, como decimos, por el propio presidente.

La ministra Miceli asumió finalmente el rol de comisionado, hasta ahora reservado a Moreno, y afirmó públicamente que el gobierno “no permitirá” que las llamadas prepagas ajusten sus tarifas en un porcentaje superior al 20% a partir de enero. Dijo también que los funcionarios estaban realizando “estudios técnicos” en las empresas, que indican que tal ajuste no corresponde de ninguna manera. En tal oportunidad afirmó aquello de que el interés particular de ninguna manera puede privar sobre el interés general. Abundó sobre posibles sanciones, hizo una referencia difusa a distintas leyes y jurisprudencia, y finalmente, con gesto adusto, aseguró que “no hay ningún justificativo que habilite este tipo de aumento, ni para éste ni para ningún otro sector”.

Resulta una curiosidad digna de estudio la negativa del gobierno a reconocer el control de precios. El hecho de que no sólo no lo reconozca sino que además afirme que no existe de ninguna manera, ya es digno del Libro de los Récords.

Pero nos interesa desmenuzar un poco los dichos de la nueva comisionada de precios, un poco para poner las cosas en su lugar.

Lo primero que podríamos hacer es sugerir a las empresas que despidan al personal encargado de analizar sus costos, ya que ellos han sido reemplazados, según las palabras oficiales, por los funcionarios gubernamentales.

Lo segundo que es imperioso decir es que la afirmación ministerial sobre el interés general coloca a la funcionaria en el rol de juez y parte, además de erigirse en la exclusiva responsable de garantizar tal interés, lo cual en sí mismo es un exceso y un error.

El interés general, precisamente, se justifica en los derechos y garantías constitucionales que implican asegurar el interés particular, y no a la inversa. Son las garantías de libertad y disposición de lo que es propio los elementos que aseguran el interés de todos.

Va de suyo que si las prepagas suben sus precios más allá de lo que el mercado puede pagar, los suscriptores al servicio lo cambiarán por uno más barato o recurrirán al hospital público. Como siempre, los precios son aquellos que la gente paga, no los que dice el gobierno que debe pagar.

Otra cuestión poco menos que surrealista, por decir lo menos, es aquella de los justificativos para subir los precios. Recordamos que en oportunidad de dictarse la resolución que prohibiera las exportaciones de carnes, uno de los considerandos de la misma aludía al crecimiento “injustificado” del precio del producto. Sin embargo, el cierre de exportaciones, (que implica en la práctica consentir que la ley de la oferta y la demanda sí existe), produciría un aumento de la oferta que haría bajar los precios, lo cual equivale a reconocer que sí había un justificativo: un exceso de demanda. Es que en verdad siempre hay un justificativo. Vender las cosas más caras de lo que valen implica bajar las ventas, y venderlas más baratas significa agotar las existencias, ganar menos, etc. Pero hay un punto de equilibrio que el Estado intervencionista se niega a aceptar, al mismo tiempo que dice en el Exterior que hay seguridades para invertir. ¿Qué seguridades?, ¿Qué sector está hoy seguro de que no le tocará a él que un funcionario le salga a decir: “¿qué hacemos con los zapatitos?” como dicen que le dijo Moreno a un importante directivo de la cámara del calzado a las 6.20 am sin haberse identificado previamente?.

¿Por qué el gobierno se inmiscuye en el funcionamiento empresario para hacer “estudios técnicos” de costos y precios, entrometiéndose así en el funcionamiento de las empresas arrogándose un derecho que no tiene?

No vamos a hablar aquí otra vez de la vasta experiencia que tenemos los argentinos sobre controles de precios y su resultado. Pero sí preguntaremos, reflexivamente, si los funcionarios están en condiciones de invadir centenares, incluso miles, de empresas de rubros diferentes y hacer las cuentas sobre su funcionamiento y su mercado para luego establecer si corresponde que ajusten o no sus precios o tarifas y cuánto, y cómo, y a quién.

Plantear las cosas desde el lado de lo que intuimos es la lógica gubernamental, si es que hay alguna, tal vez signifique de nuestra parte equivocarnos. Pero es razonable, por lo que habitualmente dicen los funcionarios, imaginar una suerte de intercambio comercial mediante el cual el gobierno garantiza el cierre de determinadas importaciones (o las limita lo suficiente), asegura que los salarios no se dispararán más allá de cierto rango, otorga nichos de mercado libre para ciertos productos asegurando así que las empresas ganen dinero por algún lado (por ejemplo la telefonía celular versus la telefonía fija), y se compromete a mantener el dólar artificialmente elevado. A cambio de ello, exige que se “acuerden” precios de productos en general básicos, que inciden en el índice de precios al consumidor, y asegura de ese modo mantener “a raya” lo que denomina “la inflación”.

Otras veces hemos señalado que para hacer esto no hacen falta economistas. Tal vez por eso Moreno asume el rol que asume, y la propia Lic. Miceli prácticamente desde que se hizo cargo de la cartera ha confundido índices de precios controlados con inflación. Y lo ha manifestado públicamente y sigue haciéndolo.

Una Nación es un conglomerado de intereses y opiniones diferentes que, según un ordenamiento jurídico, pueden razonablemente funcionar. Si el ordenamiento es reemplazado por la arbitrariedad de los funcionarios, más temprano que tarde el negocio se acaba. Por eso no vienen inversiones a la Argentina. Así de sencillo.

Si observamos la cantidad impresionante de subsidios otorgados, más los diversos planes de aliento a la inversión, podemos concluir que los precios que pretende el gobierno no son los que el mercado reclama. Nos explicamos: si tales precios fueran los que corresponden, ningún subsidio tendría el menor sentido. Esta es una explicación adicional, para abundar en más de lo mismo. Es decir que, si ningún sector tiene hoy justificativo para subir sus precios tal o cual porcentaje, como dijo la ministra, es porque el Estado ha evaluado que muchos de ellos necesitan subsidios, economía cerrada, o lo que fuera. Y otros no.

Ahora bien, cualquier sector subsidiado pervive a costa de los impuestos que abonan los demás sectores. Para que quienes viajan en colectivo o en tren puedan hacerlo a precios bajos, deben subsidiarse las empresas prestadoras del servicio con el dinero de todos los habitantes. Al hacerlo, tenemos nosotros menos dinero y eso nos lleva a pretender que las tarifas sean muy bajas, porque de lo contrario se hace difícil afrontarlas. El cuento de la buena pipa.

¿Esto se hace en defensa del interés general o se hace, quizás sin proponérselo, para mantener cautivos tanto a unos como a otros?. Porque a la larga quienes se muestran díscolos son amenazados entre otras lindezas con la quita de subsidios.

Los empresarios de la UIA acaban de pedir que no se derroche energía. El pedido es razonable, pero el problema es el precio. El bajo precio de la energía en la Argentina aumenta el consumo, hasta que se agota, porque naturalmente nadie invierte para vender a pérdida, o al menos no lo hace si sabe que todos los días tiene a los funcionarios detrás para establecer si se justifica, vender un producto a un precio o a otro, elaborar un nuevo producto más caro o no hacerlo, exportar lo que quiera o lo que le digan que puede, etc.

Afortunadamente vemos algunas reacciones de parte de conocidos periodistas y ciertos empresarios.

Finalmente, y volviendo a las prepagas, diremos que lo que la ministra intenta hacer (más allá de métodos y pontificaciones), es que sus tarifas no suban “mucho”. En otras palabras: que suban, pero no tanto. ¿Por qué?, porque afectan al índice de precios. Vuelve el ganso a su corral una vez más.

Las prepagas representan a un porcentaje muy bajo de la población, un 8% aproximadamente. Pero el rubro “salud” influye fuertemente en el índice. Y como el gobierno quiere mantener tal índice en torno del 10%, hace lo que hace y argumenta que así defiende el interés general.

Mientras tanto, el propio presupuesto nacional prevé una inflación en torno del 10% que solamente el Estado, emisor de moneda, puede provocar. Un 10% que constituye un impuesto a toda la población y que representa un sueldo por año aproximadamente. Tal sueldo pasa al Estado por esa vía.

A cambio de eso, el mismo Estado se muestra preocupado de lo que hacen las empresas. Acusa, controla y extorsiona a los empresarios, y se erige en defensor de pobres a quienes los angurrientos quieren esquilmar.

La presión tributaria está en el orden del 50% del ingreso obtenido por cada uno de nosotros. Si incluimos la carga inflacionaria un poco más. El Estado obtiene un superávit que luego distribuye de manera en buena medida discrecional. Los subsidios se otorgan según voluntades individuales de funcionarios, o luego de presiones y lobbies. Y todo ello lo hace en nombre del interés general.

Buenos Aires, 25 de octubre de 2006 HÉCTOR BLAS TRILLO

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Economía y tributación

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