Controles de Precios: ¿Una cuestión filosófica?

Ha trascendido que el secretario de comercio Interior recurre a San Agustín para justificar los controles de precios basándose en la necesidad de distribuir la riqueza dado que aquello que es superfluo resulta inmoral no repartirlo.

San Agustín razonaba, allá por el siglo V, que “lo superfluo para ti es necesario a otro”. También sostenía que “se poseen cosas ajenas cuando se poseen cosas superfluas”. También sostenía que “es una especie de robo el no dar al necesitado lo que sobra”. Esto ha llevado al arzobispo de Tegucigalpa a destacar los dichos del santo, y a decir que “todo exceso por sobre la necesidad es inmoral”, o también a preguntar “¿hay cosa más perversa que querer enriquecerse a costa de la pobreza ajena?”.

Según se cuenta, el secretario de comercio Guillermo Moreno parece que toma muy seriamente las expresiones citadas para llevar adelante su política de controles de precios. La idea del distribucionismo y la búsqueda de causas morales que lo justifiquen parece capear por sobre la perspectiva de una realidad bastante diferente que la existente en los tiempos del santo, incluso con las afirmaciones del arzobispo hondureño que parece tener muy en claro cuándo alguien se enriquece “a costa de la pobreza ajena” y cuándo no.

Aportaremos algunas reflexiones sobre estos puntos, sin por ello dejar de decir que mezclar los controles de precios con el discurso moral de San Agustín en el siglo V nos parece cuando menos bastante incompatible, dado que tales controles son la consecuencia de la política monetaria del Estado, que compra divisas a precios superiores a los del mercado desde hace años provocando la distorsión que luego quiere corregir “distribuyendo” mediante controles de precios, entre tantas otras cosas

Veamos: Por un lado debemos ubicar las cuestiones en la perspectiva del tiempo. En tiempos de Agustín de Hipona no existía la figura de la propiedad privada tal como se la conoce hoy. Por el contrario abundaban los esclavos y los siervos que jamás podían acceder ni mínimamente a otra cosa que un plato de comida y a formar parte de los ejércitos de sus amos. Si bien no faltan quienes creen que el mundo sigue hoy igual que en aquellas épocas, lo cierto es que en nuestro país la mayoría de nosotros es hija o nieta de inmigrantes que llegaron aquí “con una mano atrás y otra adelante” obteniendo a partir de su capacidad y esfuerzo los bienes que posibilitaron el progreso de sus hijos y de sus nietos.

Una cuestión por demás interesante es si la intervención de un funcionario en el comercio libre entre las personas constituye una justificación moral que debe estar por encima de la Constitución Nacional que claramente define en su primera parte, y especialmente en el artículo 14, la libertad de comerciar. Y cuando hablamos de “un funcionario” no nos referimos únicamente a un secretario de Estado, sino a todos, incluido el presidente de la República. Más allá de si una norma madre puede ser violada de manera constante como lo es en la práctica, cabe analizar si el pensamiento filosófico de Juan Bautista Alberdi, por ejemplo, debe ceder ante los controles de precios y los razonamientos de los funcionarios actuales o más bien no debería ser a la inversa.

La ponderación de aquello que debe ser considerado superfluo es otro aspecto de una importancia trascendental que no debe ser tomado a la ligera. En primer lugar porque cada ser humano tiene un concepto diferente de sus necesidades y de aquello que “le sobra”. Es por ello que la Constitución argentina define el principio de la igualdad ante la ley que no es lo mismo que la igualdad a secas y que implica una ley para cada habitante, dadas las diferencias naturales que existen en la ponderación que hace cada uno de cada cosa. Lo que es superfluo para el señor Moreno, puede no serlo para mí o para Ud.

Y acá también juega el aspecto que mencionábamos sobre la actividad de funcionarios de Estado sobre nuestros bienes materiales o espirituales. Hasta un cierto punto cada habitante de la Nación debe estar conteste de que hay que pagar los impuestos y que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Si esto es así no parece claro por qué algunos precios son controlados y otros no. Dado que si ceder parte del patrimonio implica una carga pública, lo es tanto para el vendedor de porotos cuanto para el proveedor de tornillos de bronce.

Pero ir al fondo de la cuestión es todavía más interesante. Si cada uno de quienes producen bienes deben ceder aquello que los funcionarios (o quienes fueren) consideren superfluo, es razonable suponer que se preocuparán menos por producir, dado que carecen de incentivos y están sometidos a la voluntad omnímoda de un gobierno y de sus funcionarios. A su vez, quienes por carecer de bienes son necesitados, tampoco tendrán incentivo alguno para producir algo, ya que simplemente deberán esperar a que el Estado se encargue de proveérselo. Aquello de que “cada quien produzca según su capacidad y reciba según su necesidad” fue aplicado en los más duros regímenes de la Tierra, y poco a poco ha ido cayendo en un penoso olvido luego de haber provocado cerca de dos decenas de millones de muertos a lo largo del siglo XX.

Si es inmoral poseer bienes considerados superfluos por alguien, no lo es menos recibir bienes sin hacer ningún esfuerzo y esperando sentados a recibirlos. Naturalmente que este es el extremo, dentro de una enorme gama de intermedios que son aceptados por las comunidades más o menos sin problemas.

Las cifras de recaudación tributaria muestran a las claras que los habitantes de nuestro país abonan grandes sumas en concepto de impuestos para que el Estado se encargue de su administración y distribución. Nadie se opone mayormente a que el Estado haga obra pública o se encargue de la salud en los hospitales o de la educación y la seguridad, por dar algunos ejemplos. Al contrario, a lo sumo se le exige a ese Estado que utilice los fondos de manera prudente, republicana y eficaz. Y sobre todo que rinda cuentas de su uso. Es decir que está más que claro que acá no se trata de que no se distribuya. Las tarifas congeladas, los subsidios de todo tipo, los salarios mínimos fijados por decreto, el otorgamiento de jubilaciones y pensiones sin haber laborado o aportado al régimen, constituyen apenas algunos ejemplos de lo muchísimo que se redistribuye. Podemos agregar las desgravaciones impositivas a distintos sectores, los créditos “blandos” a las pymes (y ahora también a los que deseen llegar a su vivienda propia), el proteccionismo al ingreso de productos extranjeros y mil etcéteras más, muestran de sobra hasta qué punto se redistribuye en la Argentina actual, que además crece a cifras históricas.

Lo que hay que explicar acá, y no parece estar previsto que se haga, es por qué con tanto distribucionismo (al que se le suman, claro está, los controles de precios), no se consigue que los salarios mínimos superen la llamada línea de pobreza o los jubilados que no ganan la mínima deban esperar 15 años para lograr un miserable 11% de aumento en sus haberes.

La megadevaluación de 2002 importó una inmensa transferencia de recursos de los deudores a los acreedores, en la cual se favoreció, primero que nadie, el propio Estado, que según cifras reiteradas por el mismo presidente Kirchner, se ahorró la friolera de 67.000 millones de dólares con el default. Acá no sabemos si todos los deudores que perdieron como perdieron eran propietarios de bienes superfluos, pero que esto ha sido así no cabe duda.

Y la razón por la cual los argentinos no confían en su país y las cifras conocidas indican que hay cerca de 150.000 millones de dólares depositados en el Exterior (convirtiéndose de tal modo en bienes superfluos para los países receptores mientras la Argentina los necesita horrores) no parece que vaya a resolverse apelando a aprietes varios a algunos empresarios o empresas. Digamos que los controles de precios más bien contribuyen a lo contrario.

En resumidas cuentas: la intervención de funcionarios incluso con basamentos de origen religioso no parece transformar la realidad si uno la mira con un poco de perspectiva. La mejoría lograda más bien ha tenido que ver con las grandes inversiones de los años 90 que luego dejaron de pagarse por el mencionado default y con la devaluación que favorece a ciertos exportadores y al propio Estado, que con otra cosa.

Nos queda por decir que nos preocupa seriamente cuando se yerra al paño en la observación del origen del problema. Los aspectos que mencionamos, a los que debe agregarse el inmenso y creciente gasto público, el encarecimiento del crédito por efecto de la inflación y de la necesidad de subir encajes para bajar la oferta monetaria, los bajos salarios en dólares de toda la población porque el Estado quiere que sea así, la falta de definición en la cuestión de la coparticipación federal, el manejo discrecional de excedentes presupuestarios, y una suma importante de etcéteras parecen indicar que estamos muy lejos no ya de San Agustín, sino de la solución de los problemas de fondo que causan las distorsiones. Digamos que más bien todo lo contrario.

Los precios suben en moneda argentina que fabrica el Estado argentino. Las devaluaciones y las compras masivas de dólares a precios superiores a los de mercado también las dispone el Estado argentino, que complementa con emisión de moneda. La suspensión de exportaciones de carnes o de vidrios también las dispone el Estado argentino. Estos temas requieren un mínimo análisis muy actual y corriente, sin necesidad de remontarse al siglo V. Cuestión que por otra parte conlleva el clásico error de extrapolar épocas sin tomar en cuenta las diferencias de regímenes existentes.

Los aspectos que tienen que ver con virtudes tales como la caridad, la solidaridad o el altruismo no constituyen virtudes universales unívocamente sentidas por millones de personas. Pretender imponer un criterio uniforme en tal sentido, constituye un acto de autoritarismo que a lo único que conduce es a que más gente tema invertir en la Argentina. Si esto no se nota hoy, lo es por las razones que señalamos en cuanto a las inversiones anteriores y a las ventajas de la devaluación para ciertos sectores. Sin embargo en esta concepción autoritaria y sobre todo arbitraria está la base de la falta de un Estado de Derecho sólido que respete las reglas y no actúe a los ponchazos sobre supuestas actitudes “inmorales” llevadas a cabo por quienes sólo pueden operar en la moneda de curso legal y forzoso que circula en el país.

Buenos Aires, 17 de agosto de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO

Contador Público