Su Majestad el Índice de Precios
La preocupación que genera el aumento del costo de vida ha llevado a las autoridades a pretender un índice alternativo obtenido por el Banco Central, y también ha generado cortocircuitos con el INDEC, autor intelectual y material del índice de precios al consumidor (IPC)
Quienes tenemos alguna experiencia y años, sabemos que el tema no es nuevo. Cada vez que los índices de precios comenzaron a mostrar una realidad que resultaba desagradable o no querida por las autoridades de turno, la cuestión de la forma de cálculo fue un tema de permanente discusión. A tal punto, que en alguna oportunidad se llegó a confeccionar “índices de precios desestacionalizados” y también “descarnados”, es decir, sin incluir la variación en los precios de la carne.
En verdad, como es obvio, se trata de recursos bastante pueriles para disimular una realidad que, mal que nos pese, ahí está. Lo llamativo es que en medio de logros de recuperación económica indiscutibles, con superávit fiscales únicos en la historia, y con una perspectiva más que razonable en materia de precios de las commodities, tengamos necesidad de detenernos en metodologías que durante los años dorados de la estabilidad, ni siquiera se tomaban en consideración.
Recordamos palmariamente una triquiñuela habitual en los años 80: los índices de precios al cierre de cada mes eran provisorios de manera que el cociente de éstos con los definitivos de cada mes anterior, reflejaba la tasa de suba de precios habida en el período. Pero ocurría que normalmente, la revisión de tales índices provisorios, arrojaba luego un número superior, que pasaba a ser definitivo, mientras que el índice del mes siguiente, era inicialmente provisorio. De tal modo, en el segundo mes del ejemplo, nuevamente se tomaba el índice provisorio de ese segundo mes, y se lo dividía por el definitivo del primero, quedando así la tasa de ajuste de precios del mes con una porción oculta, dado que la diferencia entre el provisorio y el definitivo del primer mes, no era tomada en cuenta.
Este tipo de artilugios constituía una manifiesta irregularidad que cuesta creer no hubiera sido detectada por funcionarios y medios. Sin embargo, nos consta que en créditos indexados que otorgaba por ejemplo el Banco de la Nación, aparecían sustanciales diferencias en los ajustes, lo que alguna vez nos obligó a deambular por los pasillos del Banco Central para tratar de detectar de dónde surgían tales diferencias. Porque para la indexación de tales créditos, obviamente la comparación era tomada de manera correcta, tomando en consideración entonces el bache que los informes gubernamentales omitían cuando se esforzaban por mostrar tasas de inflación mensual menores a las reales.
Como muchas veces hemos señalado, ninguna de estas desprolijidades, por decirlo de un modo suave, sirvió para evitar que nuestro peso actual tenga trece ceros menos que el de 1969.
Los controles de precios y de costos, y los genuinos aprietes que cada día más señalan los medios y que están a cargo de pintorescos funcionarios extraídos de alguna página arrabalera de un texto borgeano, no parecen ser sino una lamentable secuela de ignorancia o prepotencia, o tal vez de ignotas razones pasionales, lejanas del sentido común y de la realidad de una política económica y monetaria que es inflacionaria por definición.
Porque la famosa lucha contra la inflación no es, ni por asomo, tal cosa. Es simplemente una lucha contra los índices, despiadada y torpe. Absurda y contraproducente.
En estos días asistimos a una real escasez de gasoil, que ha dado lugar a negativas gubernamentales y a presiones del secretario Moreno para que las empresas provean del combustible en cuestión como sea. Apenas horas después, la realidad, (esa que tiene más de 25 renglones por foja –como dice el poeta-) se encargó de poner las cosas en su lugar: se importará gasoil de Venezuela.
El deterioro del parque automotor de pasajeros como consecuencia de los congelamientos de tarifas que provienen de 2002, ha dado lugar primero a largos subsidios en el precio del gasoil, de tal manera que mientras cualquier hijo de vecino debe abonar el litro del producto alrededor de $ 1,50, el colectivero paga $ 0,455 por la misma cantidad. Pero, claro, los costos suben y entonces acaba de destinarse una partida cercana a los $ 400.- millones de pesos para la renovación del parque. Todo ello en determinadas condiciones que no vale la pena enumerar, pero que requieren la consabida necesidad de asegurar cuando menos un poco de transparencia. Con todo, estas injerencias gubernamentales subsidiando a tirios y troyanos, colaboran sistemáticamente en la distorsión de los precios relativos, aumentando la sensación de que se vive en una irrealidad fronteras adentro, por así decirlo, mientras el mundo camina por un carril diferente.
Las estaciones de servicio, por su parte, anuncian paros porque el congelamiento de los precios de los combustibles implica que el porcentaje que corresponde a los estacioneros implica un valor absoluto que se achica en función de la suba de sus costos, bajando así la rentabilidad hasta hacer inviable el negocio.
Mientras tanto, el gobierno sigue preocupado por sostener el tipo de cambio en torno de lo s$ 3,10 por dólar, aún ante la pérdida de valor de la divisa verde en el contexto internacional, con lo cual importamos la inflación proveniente de tal pérdida de valor, como si con la nuestra no tuviéramos bastante.
En todo este contexto, y para ir terminando, ha resurgido la figura del Dr. Lavagna, de quien ya nos hemos ocupado en un trabajo reciente. Sin que esto signifique no respetar su posición, no podemos dejar de decir tan claramente como nos resulte posible que un sistema monetario basado en la expansión monetaria para comprar excedentes de dólares de exportación y mantener alto el tipo de cambio produce los siguientes efectos: encarece la importación en general y la de tecnología en particular, deteriorándola y retrasándola, genera inflación, permite al Estado aplicar los distorsivos derechos de exportación, fomenta la llamada sustitución de importaciones por imposibilidad de adquirir bienes del exterior por los altos costos, mantiene bajos los ingresos en dólares de toda la población, obliga a aplicar retenciones punitivas para mantener bajos los precios locales de las commodities, afecta la producción y exploración petrolera por esa misma razón, genera la necesidad de endeudarse para retirar de circulación los excedentes de emisión monetaria destinados a comprar más caros a propósito tales dólares y en definitiva termina generando este inútil y perverso andamiaje de prepotente control de precios con acusaciones a empresarios y empresas, tal como lo ha hecho el propio ex ministro al llamar primates a ciertos ganaderos. El endeudamiento del Banco Central al que aludimos se hace a tasas elevadísimas comparadas con las que cobra el FMI, y ha servido a su vez para comprar los dólares necesarios para cancelar la deuda con el organismo de crédito. Como si todo esto fuera poco, genera la llamada sustitución de importaciones, que por definición implica producir localmente bienes de menor calidad que los que podrían llegar del exterior, como ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia reciente, precisamente por el proteccionismo reinante y la consiguiente falta de competencia. No se cierran importaciones para producir barato y bueno, lamentablemente. Se impide la competencia externa con la excusa de favorecer la producción local.
Estamos ante una realidad que no puede soslayarse. Por definición toda forma de intervencionismo debe medir las consecuencias, lo cual no es una tarea sencilla, ya que los millones de componentes de una economía no pueden entrar en el despacho de los funcionarios. La realidad es que, como en un tablero de ajedrez, tocar un trebejo implica modificar el escenario de un modo impredecible. Esto no se entiende en la Argentina. Por lo menos no lo entiende la denominada clase política. O tal vez no quiere entenderlo.
Frenar los índices con controles y sanciones, no es otra cosa que una fantasía. La explicación de que así se frenan las expectativas inflacionarias, es otra curiosa argumentación. La inflación es una cuestión esencialmente monetaria, y por lo tanto se basa en pura lógica matemática. La pérdida de valor de la moneda como consecuencia de su emisión más o menos recurrente, hace entre otras cosas que la gente prefiera bienes y no billetes, dado que espera que éstos pierdan su valor. Y tiene razón en esperar eso.
Si en algo juegan las expectativas, es precisamente en la llamada velocidad de circulación del dinero. Esto es: cuanto más rápido la población se desprende de los billetes, más presiona la demanda y más suben los precios. Pretender corregir esto con aprietes y acusaciones logra en nuestra opinión precisamente el efecto contrario al deseado. De última, cualquier cambio de expectativas no corrige el problema, a lo sumo baja un poco los índices, postergando el resultado inexorable de la emisión espuria.
Buenos Aires, 3 de junio de 2006
HÉCTOR BLAS TRILLO
Contador Público
Economía y tributación
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