Intervencionismo

El camino elegido es evidente: intervenir tanto como sea necesario para corregir la ley de oferta y demanda cuando a ésta se le ocurra arribar a resultados diferentes a los deseados.

Un grupo de proveedores de vidrio anunció a las empresas de alimentos y bebidas que deberá aumentar el precio del producto. De inmediato, la COPAL (cámara de empresas de alimentos y bebidas) comunicó la novedad al Secretario de Comercio Interior, dado que éste días pasados le había pedido a esta cámara que informara cualquier cambio en el costo de sus insumos. Y el vidrio es un insumo.

La Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), se comprometió ante el mismísimo presidente de la Nación, la Ministra de Economía, y el Secretario de Comercio Interior a comunicar a éste último cada aumento de precios que reciba de los fabricantes.

Parece ser que la Secretaría de Comercio Interior se encargará de revisar si los cambios en los costos justifican aumentos en los precios finales. El presidente de la COPAL explicó que “Guillermo Moreno (el secretario del área) les preguntará a las empresas de qué manera incide el aumento del precio del vidrio en cada producto, cuáles son sus costos de mano de obra, de transporte, de energía, de materias primas”. Es decir, todo, agregamos nosotros.

Como ya ocurriera tantas veces, especialmente en los años 50, 70 y 80, el Estado pretende que se justifiquen los aumentos en los costos de producción, para luego justificar los aumentos en los precios, que no podrán ser por incrementos en los márgenes de ganancias, al menos hasta fin de año.

Para quienes sean muy jóvenes o no conozcan lo que se vivía en Buenos Aires en los años 70 en la sede del Ministerio de Economía, frente mismo de la Casa Rosada, lo recordamos brevemente: extensas filas de varias cuadras para presentar planillas con cálculos para lograr justificación de aumentos de precios conformaban el paisaje cotidiano en las cercanías de la Manzana de las Luces. Cuando la autorización era otorgada ya era obsoleta ante nuevas subas en los costos.

Mientras esto ocurría, el gasto público desmadrado y la emisión incontrolada de moneda destruía milimétricamente el valor de la unidad de cuenta, o de cambio. Así, aquellos pesos de los años 70, por ejemplo, que ya habían perdido dos ceros, pasaron sucesivamente a perder cuatro ceros más para arribar al peso argentino, luego otros tres para llegar al austral, y finalmente cuatro más para llegar al peso “convertible”, que en un santiamén, y de la noche a la mañana, dejó de serlo pese a la ley vigente (la de convertibilidad), que de paso sea dicho sigue estándolo en tanto mantiene la prohibición de ajustar por inflación los contratos y declaraciones de impuestos. Y los tenedores de tales pesos pasaron a recibir 25 centavos de dólar (con suerte) en lugar de una unidad de la moneda verde como el mismo billete de pesos prometía (“convertibles de curso legal”, era la leyenda impresa, que fue quitada de las nuevas emisiones).

Hoy igual que ayer, el gasto público crece de manera bastante más rápida que los recursos, sobre él no existen secretarios de comercio que exijan planillas o cálculos de costos, y como al mismo tiempo el Estado emite pesos para adquirir dólares a un precio elevado artificialmente, la unidad de cambio pierde valor. De tal modo, los costos y los precios en realidad no suben, sino que se ajustan al valor más bajo de tal unidad de cambio: el peso. De los 47 ítem que componen el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, 41 aumentaron en abril, 3 se mantuvieron igual, y 3 bajaron, entre ellos la carne, que bajó un 0,6% consecuencia obvia de las presiones al sector y de la increíble medida de prohibición de exportaciones. La inflación se define como la suba generalizada de precios, y es un fenómeno esencialmente monetario en el que nada tienen que ver ni los márgenes de utilidad empresarios, ni la llamada cadena de comercialización. Tanto una cosa como la otra se vinculan con la productividad y en definitiva ésta se relaciona con la eficiencia. Se podrá ser más o menos productivo, más o menos eficiente, eso hará que los productos en cuestión cuesten más o menos, sean más o menos abundantes, pero no que suban de precio todos los meses y todos ellos. Y como siempre recordamos, ningún precio es tal si no lo convalida el mercado, es decir si el producto no se vende. Y si el precio es convalidado por el mercado, la baja de tal precio por presiones gubernamentales no conduce a resolver el problema, sino a agotar el bien en cuestión. O al mercado negro. O a ambas cosas.

Por lo tanto, si el ala política del gobierno pretende contener los precios y los costos del modo en que viene haciéndolo cada día con mayor intensidad, lo único que logrará es generar una incertidumbre cada vez mayor en un marco de regulaciones que en absoluto elimina el problema. Al contrario, los productos con precios acordados con el gobierno, bajarán su calidad o desaparecerán de las góndolas, en tanto que los demás aumentarán como sin ninguna duda siguen haciéndolo. Muchos analistas suelen recurrir a la experiencia histórica para explicar el fracaso de las políticas intervencionistas sobre precios y costos, ello ha dado lugar a que del otro lado se devuelva el argumento de que en determinados países y épocas se han llevado adelante tales controles de manera exitosa.

El intervencionismo no es solamente una metodología tendiente a evitar las consecuencias de la inflación, también es una intromisión en el manejo de las variables empresarias desde oficinas del Estado. Pero los resultados que puedan obtenerse en materia inflacionaria no derivan de esta metodología, sino del manejo de la política monetaria, que es donde está el problema. Por lo tanto, por definición la solución no puede llegar allí donde no se hace nada para que llegue. Y este tipo de controles equivale a no hacer nada, aparte de la gama de incertidumbres y dificultades adicionales que encarecen los costos y conducen a una merma de la producción y de la inversión.

El impresionante expansionismo monetario de estos años post devaluatorios es el quid de la cuestión. Tal expansionismo es inflacionario porque el Estado compra divisas a precios superiores a los del mercado, cosa que ninguno de nosotros haría, porque va contra la lógica. Y esa compra produce abundancia de pesos (producto de la emisión que les da origen), que por lo tanto bajan de precio, es decir, pierden su valor. Tomar como referencia una política intervencionista en determinado país y calificarla de exitosa sin analizar qué ocurre con la emisión de moneda en dicho país, constituye un reduccionismo que como tal resulta absurdo. Así es como se cae en el simplismo de pensar que esta vez, sí darán resultado los controles, cuando es obvio que nada de eso no solo no ocurrirá, sino que ya mismo no ocurre.

El acuerdo con la CADAM que señalamos al comienzo implica vigilar los precios en supermercados mayoristas de nada menos que 20.000 ítem. En febrero pasado un acuerdo similar había sido limitado a 500 ítem. La pregunta obvia es por qué esa diferencia en la cantidad y variedad. Es decir, por qué en febrero se consideraba suficiente acordar por 500 productos y ahora hace falta hacerlo nada menos que por 20.000. El esquema consiste, como decimos, en que la CADAM informará cualquier aumento que reciba de parte de las fábricas, mientras que éstas a su vez deberán informar cualquier incremento en sus costos, sus motivaciones y causas. Es fácil imaginar el berenjenal en que se ha metido al sistema de producción y ventas en este crecimiento súper exponencial de rubros y controles. Por otra parte, ningún aumento será aceptado si éste implica aumento de los márgenes de rentabilidad.

No pretendemos en este trabajo abundar sobre aspectos constitucionales que resultan invadidos de manera manifiesta, pero sí expresar la cuestión práctica, dado que este tipo de medidas, calificadas absurdamente de acuerdos cuando en verdad en absoluto lo son, parten de un razonamiento profundamente equivocado: la inflación se produce porque las empresas quieren ganar más dinero. De donde se deduce que si no lo hacen la inflación se controlará, lo cual no solamente constituye un error imperdonable, sino un apuntalamiento de supuestos intentos distribucionistas. Nada se dice por ejemplo de las nuevas empresas, en caso de que aparecieran, a las que en todo caso ya les llegará la hora del control, que suponemos implicará que sus márgenes de ganancia no podrían ser superiores a los de productos similares existentes. Y si se tratara de productos absolutamente novedosos, no sabemos. Pero algo se le ocurrirá al Secretario de Comercio.

Lamentablemente, mientras la economía está en un ciclo de crecimiento y recuperación y los precios internacionales de las commodities acompañan de una manera asaz favorable, está desaprovechándose la oportunidad de encarar una reforma a fondo que vuelva eficiente el Estado en todos los ámbitos, para bajar la presión tributaria y el descomunal trabajo improductivo que significa cumplir con innumerables exigencias administrativas a las empresas y a los particulares, y poder de ese modo volver al país competitivo más allá de en la producción primaria.

Hemos dicho que el silencio empresarial y el acompañamiento a la actual política económica tienen mucho que ver con el temor a las represalias. Estas suelen tomar formas a veces explícitas, a veces más sutiles, pero es un dato de la realidad que se producen, como podemos comprobar cotidianamente en los discursos de los funcionarios.

No es este el camino, lo decimos una vez más, para un crecimiento sostenido en un marco de seguridad jurídica y reglas claras y permanentes. Y más temprano que tarde también en este aspecto los hechos terminarán hablando por sí mismos.

Buenos Aires, 7 de mayo de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO