Banco Central y Tasas de Interés - Perspectivas de la Economía
Es evidente que el año que acaba de terminar deja una marca por varios aspectos, algunos muy positivos y otros bastante negativos para el país. Tratar de observar desde una perspectiva racional y a la luz de una realidad que se hace evidente en el mundo global, es el objetivo de este trabajo.
2005 ha sido un año que desde el punto de vista económico dará que hablar por muchísimo tiempo. Por un lado la salida parcial pero muy importante del default, la continuidad de la recuperación de la economía, la baja de los índices de desocupación y el pago anticipado de la deuda con el FMI han sido acontecimientos que más allá de cualquier consideración no dejan de ser de gran importancia sobre los cuales hemos dado nuestra opinión en trabajos anteriores. Otro punto liminar es el incremento de la tasa de inflación. En este aspecto tan sólo diremos que nuestro pronóstico había sido desde el comienzo muy superior al de nuestros colegas en general y al Gobierno en particular. El piso de Presupuesto Nacional en este sentido había sido del 7,5%, de manera que el 12,3% al que finalmente se arribara, implica un desvío del 64%. Si en cambio tomamos el borde superior, esto es el 10,5%, tenemos que la diferencia supera el 17%.
El pago de la deuda al FMI implica un costo de importancia, dado que las divisas acumuladas en el Banco Central que fueron adquiridas mediante emisión de moneda, tienen su contrapartida en Letras del Banco Central (Lebacs) a tasas de interés del doble y el triple de las que hubiera correspondido pagar al Fondo. La ministra Miceli ha dicho, siguiendo la opinión presidencial, que la decisión del pago al organismo internacional otorga al país una autonomía de la que carecía, cosa que en lo esencial no compartimos, ya que por un lado el cumplimiento de los pagos luego de la ruptura del acuerdo anterior de setiembre de 2003, hacía que el FMI no pudiera intentar aplicar ninguna de sus "recetas". Y por otro lado, la falta de algún tipo de auditoría, sumado al hecho de que en Exterior ven con malos ojos la violación de normas institucionales como por ejemplo la autonomía del Banco Central y el propio Poder Legislativo. Es decir que la mentada autonomía probablemente no tenga efectos prácticos positivos, sino más bien complique las cosas . No hay que dejar de recordar que la decisión presidencial fue tomada en soledad y comunicada al país y al mundo antes de ser sometida al orden institucional correspondiente. En otras palabras, la ausencia del Estado de Derecho constituye el principal factor de inseguridad jurídica, cosa que los llamados mercados descuentan siempre.
Luego de esta bastante extensa introducción, trataremos de analizar los rasgos fundamentales de la continuidad económica.
La política del Banco Central continuará siendo de emisión de moneda para adquirir excedentes de divisas y así sostener el tipo de cambio en torno de los 3 pesos. La utilización de algo más de 9.500 millones de dólares de reservas para cancelar la deuda con el FMI, deja sin sostén el endeudamiento acumulado en Lebacs con los bancos, lo cual constituye un riesgo adicional que se reflejará en las tasas de interés de colocaciones futuras de estos títulos, que tenderán a incrementarse. Cabe apuntar aquí que las declaraciones del presidente del Central en el sentido de que el país tiene hoy más reservas que a fines de 2004 resultan por lo menos preocupantes, porque en aquel momento el país (y el Banco Central) no tenía la deuda en Lebacs que hoy sí tiene, y por lo tanto la declaración del Dr. Redrado nos resulta a todas luces incompleta. La política de acuerdos de precios continuará y se exacerbará con la intención de atacar con toda la fuerza la consecuencia de la política monetaria que describimos. El gasto público deberá contenerse tanto como sea posible lo cual implicará un enfriamiento de la economía que hará mermar las presiones inflacionarias. Del mismo modo, la rigurosidad fiscal jugará su rol en el desaliento de la demanda agregada. También ha anunciado un importante plan de obra pública para los siguientes tres años, del orden de los $ 22.000.-. Es importante dejar aquí una reflexión: cuando el Estado cobra impuestos y obtiene superávit, lo que hace es restar radio de acción al capital privado para emprender él las obras. Mientras tales obras sean verdaderamente públicas, podemos en general coincidir en la necesidad (por ejemplo rutas, escuelas, etc). Pero es sabido que el Estado termina utilizando el dinero para un sinnúmero de obras de ayuda de todo tipo, que luego son anunciadas estruendosamente. Este tipo de prácticas tienen más que ver con la política en general y no con la sana gestión económica. Y no estamos refiriéndonos a un Gobierno en particular. A todo esto hay que sumar los sobreprecios en las licitaciones, tal como lo denunciara el propio Dr. Lavagna siendo ministro en la reunión de la CAC.
Se ha dicho y reiterado desde el Gobierno que no hay intención alguna de reducir los llamados impuestos distorsivos, del mismo modo que no se ha aceptado hasta ahora aumentar los mínimos no imponibles en el impuesto a las ganancias o a los bienes personales, cuyos valores han quedado seriamente desactualizados. La prohibición de ajustar los balances por inflación, proveniente de la ley de convertibilidad, continúa vigente, habiendo llevado a las empresas a pagar impuestos sobre ganancias inflacionarias, es decir, ficticias. La inversa se da en el impuesto sobre los bienes personales, donde los balances a tomar en cuenta son los comerciales y no los impositivos, de manera que habiéndose reflejado en tales balances los efectos de la alta inflación inicial (año 2002 y parte de 2003), el impuesto a abonar resulta contradictoriamente ajustado por la inflación. La presión tributaria ha dado resultados en materia de superávit fiscal, pese al gran incremento del gasto público durante el año electoral que acaba de concluir.
Desde el Gobierno se anuncia el mencionado auge de la obra pública, el crédito barato para pymes y las diversas desgravaciones e incentivos para incrementar la tasa de inversión más allá del 20% del PBI y acercarse al 23%, que se estima que es la que permitirá un crecimiento del orden del 5% anual durante los próximos años para poder ir cumpliendo con el pago de la refinanciada deuda externa.
Se comenta que en el Ministerio de Economía está estudiándose un plan para resolver el problema de los llamados holdouts, es decir de los bonistas que no aceptaron el canje de la deuda y que no están incluidos al presente en ningún informe de deuda, pese a representar más de 24.000 millones de dólares. La importancia de resolver este problema es mayúscula, ya que las dificultades que ofrecen los riesgos de embargo, que tantas veces hemos señalado, inhiben la colocación de las reservas del Banco Central,
circunstancia que se ve agravada por la reforma llevada a cabo para hacer el pago al FMI; esto es: la creación de la categoría de reservas de libre disponibilidad.
En materia de exportaciones, la situación en el mercado de carnes ofrece dificultades dado que el incremento de la demanda externa producto de la aparición de aftosa en Brasil afecta los precios del mercado interno, provocando la amenaza latente de nuevos incrementos en los derechos de exportación. En cuanto a la soja, la sequía que viene soportando la región es posible que provoque una pérdida de por lo menos 1.000 millones de dólares. En general las perspectivas continúan siendo buenas, pese a estas y a otras dificultades. De hecho, el problema de las carnes es que no hay suficiente producción para abastecer la demanda externa. Los derechos de exportación que se aplican para tratar de regular los precios locales de los productos, en nuestra opinión no sólo son distorsivos, sino que no cumplen prácticamente en absoluto su rol, aparte de desalentar inversiones adicionales en los sectores perjudicados. Por lo demás, le quitan argumentos al país cuando se pide a los países centrales que eliminen los subsidios al agro.
En materia industrial, el recupero de la producción automotriz ha sido muy elevado y se espera que continúe pues todavía existe una capacidad instalada muy importante. En otras áreas, la necesidad de inversiones es evidente y al parecer muchas industrias parecen dispuestas a desarrollar planes, ya sea al amparo de regímenes promocionales o por ver un horizonte de posibilidades de bueno a muy bueno debido a que los costos son muy bajos en materia salarial o energética, sin los comparamos con los del Primer
Mundo.
El problema que tiene la Argentina es, pues, esencialmente de eficiencia. Es por eso que los salarios y los costos locales deben ser bajos en moneda dura. Por eso la necesidad recurrente de mantener elevado artificialmente el tipo de cambio presionando de ese modo sobre la tasa de inflación.
En el área energética, las dificultades serán crecientes. Se estima un crecimiento del PBI que no bajará del 6% según la mayoría de los analistas, ello aumentará el consumo de energía al tiempo que bajan las reservas petroleras y gasíferas como consecuencia de la falta de inversiones en el sector. Es probable que rápidamente pasemos a ser importadores netos de combustibles. De hecho, estamos importando fuel oil y gas y el horizonte es que debamos incrementar rápidamente los volúmenes. Hay que tener en cuenta también que para cualquier inversor es problemático no saber si podrá contar con la energía necesaria y a qué precio en moneda dura.
En materia inflacionaria, el Presupuesto para este año estima un incremento de entre el 8 y el 11%, cifra que una vez más será superada por la realidad en porcentajes a su vez crecientes. Aunque esto último dependerá de las medidas que el Gobierno tome. La gran contradicción sigue siendo la necesidad de mantener el tipo de cambio mediante emisión de moneda, que siempre es el origen de las presiones inflacionarias.
Obviamente que los acuerdos de precios no conducirán a un final feliz. Más bien al contrario. La experiencia demuestra de sobra que a la escasez que origina la venta de productos a precios bajos se suma el mercado negro, la aparición de marcas no comprendidas en los acuerdos y la desinversión en los sectores que se ven obligados a vender a precios artificialmente bajos.
La necesidad de encarar en serio una reforma del Estado en todos sus niveles para llevarlo a un grado de eficiencia y competitividad que evite recurrir a artilugios monetarios es un tema del que no se habla en la Argentina de hoy, lamentablemente.
En política exterior pensamos que la designación de un funcionario de carrera en la Cancillería jugará positivamente y evitará, al menos dentro de lo posible, caer en declaraciones erróneas y hasta de mal gusto, que tanto deterioran inútilmente la imagen del país. En estos momentos de transición en nuestro vecino del Altiplano, entendemos que el Gobierno debe ser especialmente cuidadoso, dada la necesidad que tiene el país del gas boliviano. La importancia que da el presidente electo en Bolivia al cultivo de la coca originará seguramente no pocos rechazos, por lo que entendemos que la Argentina debe asumir una posición profesional y diplomática, que evite consecuencias no deseadas.
Los conflictos y las pujas salariales son otro problema para el Gobierno y para el país. Recordamos una vez más que en nuestra opinión las subas de precios y de salarios son consecuencia de la política inflacionaria que lleva a cabo el Gobierno al sostener artificialmente alto el tipo de cambio. Es necesario que prive la cordura y la negociación dentro del marco de las instituciones tanto como sea posible.
Aunque la verdadera misión que debería emprender el Gobierno, este u otro, es la de encarar una verdadera y genuina reforma del Estado que incluya la supresión del régimen de coparticipación Federal de Impuestos para ingresar en el federalismo pleno. La eficiencia administrativa está en la base del ahorro del dinero del erario. No es suficiente con tener superávit cuando es sabido que el dinero que en promedio gana la población por su trabajo es más bajo que el de muchos países vecinos incluso. Aumentar
la productividad es, desde el vamos, la gran asignatura pendiente.
Buenos Aires, 6 de enero de 2006
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Economía y tributación
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