Empresa Shell
Lo que acaba de ocurrir con la petrolera Shell muestra claramente que las arbitrariedades no solo no se detienen para ir normalizando, por así decirlo, la seguridad jurídica, sino más bien todo lo contrario.
La comitiva que acaba de regresar de los EEUU, con el presidente Kirchner a la cabeza, ha insistido en asegurar que las inversiones pueden llegar a nuestro país y ganar dinero sin problemas porque aquí están garantizados todos los derechos, y la estabilidad jurídica es una garantía que nunca se verá cercenada.
Es incomprensible que dentro del marco de estas afirmaciones de parte de las autoridades máximas del país, se produzcan los lamentables hechos de los últimos días respecto de una decisión tomada por la petrolera Shell respecto de la puesta en venta de una variedad de gasoil de menor grado de contaminación con un precio superior en un 10% al común.
La empresa Shell fue sometida en los últimos días a todo tipo de inspecciones en las cuales se llegó a recabar información personal de directivos y operadores, según expresó su presidente. El secretario de comercio afirmó en el Congreso que solamente se solicitó información “pública”, pero el presidente de la empresa afirmó que se le han pedido datos tales como “la edad, nombre y perfil de los directivos” para luego preguntarse si tal información tendría algo que ver con los precios y los costos de los productos.
Desde el lanzamiento del nuevo combustible, el 21 de setiembre, y aún antes, el gobierno nacional y especialmente la Secretaría de Comercio iniciaron una ofensiva de inspecciones, controles y llamados telefónicos difundidos en algunos casos por la prensa escrita, en los cuales se manifestaba la disconformidad del Poder Ejecutivo con el lanzamiento.
Lo cierto es que la Secretaría de Energía dictó una resolución retroactiva al 1° de setiembre escrita “a medida” para aplicar al caso. En ella se expresa que cualquier producto nuevo que se pretenda lanzar al mercado deberá contar con autorización del organismo. La norma es retroactiva, obviamente, pues fue publicada ayer en el Boletín Oficial. Y además, en el apuro se han cometido errores en su redacción de una gravedad casi surrealista, como por ejemplo, dado que la resolución 1334/06, que de ella se trata, dice que cualquier producto nuevo lanzado “al” 1° de setiembre debe tener autorización y si alguna firma hubiera puesto en circulación algún producto nuevo en el mercado debería suspenderla inmediatamente. Es tan claro que se refiere a la Shell que hasta produce cierta vergüenza ajena que por lo menos no lo dijera directamente. Pero además, la referencia “al primero de setiembre” en lugar de “desde el primero de setiembre” como hubiera correspondido, de ser tomada literalmente dejaría prácticamente sin producto alguno autorizado a comercializarse desde los tiempos del Gral Mosconi
El directivo de la empresa afirmó abiertamente que estaba violándose el artículo 14 de la Constitución, la libertad de comerciar, además de aplicarse una norma retroactivamente.
En verdad, reflexionamos, ninguno de estos dos aspectos es nuevo. Es decir la aplicación de normas con carácter retroactivo es bastante común en los tiempos que corren y desde hace varios años (viene a nuestra mente, por ejemplo, cuando Cavallo en abril de 2001 dispuso que desde el 1 de enero anterior la venta de acciones estaba gravada por el impuesto a las ganancias), y la libertad de comercio hace tiempo que ha dejado de ser tal, con el argumento banal de que el “mercado” no todo lo resuelve. Lo que sí por lo menos a nosotros nos resulta nuevo es esto de pasar lista sobre los datos personales de los directivos. Y tenemos entendido que hasta su nacionalidad.
Un dato que nos llamó particularmente la atención es que el periodista que entrevistó al presidente de Shell le preguntó, entre otras cosas, si la empresa está buscando una excusa para irse del país. Dejamos constancia que esta parte del comentario la tomamos de un diario al cual el Sr. Presidente considera “opositor” y vive criticando.
¿Es preciso estar buscando excusas para irse del país al lanzar un nuevo producto de mejor calidad, menos contaminante y un poco más caro?, ¿Tal vez lo es afirmar que se están incumpliendo la ley y dejando de respetar garantías constitucionales?.¿O quizás de eso se trate cuando el directivo dice que la información personal de los encargados de la empresa no es de interés público?
Que el secretario de comercio confunda el proceso inflacionario con los márgenes de utilidad de las empresas y salga a decir, como lo ha hecho, que el Estado “controla los costos” puede resultar, y resulta, un importante desconocimiento de conceptos básicos de la economía, a nuestro entender. Sin ir más lejos porque los costos también son precios, y porque aunque las utilidades de todo el mundo fueran cero, tal hecho no determina que no exista inflación. Pero que además se inmiscuya en las empresas para averiguar datos o historias personales de sus miembros resulta cuando menos alarmante. Y también aparece como una curiosidad tratar de inferir para qué sirve tal información.
Hemos venido haciendo hincapié en estos temas desde hace mucho tiempo, y observamos preocupados cómo se multiplican los casos sin que los medios y en general la dirigencia tome la posición de defensa institucional debida.
Una resolución anterior de la secretaría de energía había dispuesto la necesidad de bajar los grados de contaminación de los productos derivados del petróleo. En ese marco la empresa Shell lanzó el nuevo gasoil con menos contenido de azufre, según se dijo.
No somos, obviamente, especialistas en temas energéticos y tan solo nos remitimos a la información difundida, y no contradicha. Lo cierto es que justamente estos aspectos no han sido cuestionados, sino que se ha dicho que la mejora en la calidad de los productos sería aplicable desde 2008. Es decir que podemos seguir intoxicándonos un poco más sin mayores problemas. Esto no nos parece serio ni coherente.
Y la realidad contante y sonante es que la Shell ya tiene el antecedente del boicot del año 2005, seguido de los ataques piqueteros conducidos por el hoy funcionario público encargado de cortar tranqueras sin sanción alguna que sepamos.
Si esta es la forma en que se garantiza en la Argentina la seguridad jurídica y la rentabilidad empresaria, señores, nos parece que algo está fallando en algún lado.
Y si a esto le sumamos la prosecución de métodos para obtener información personal de directivos de empresas, hemos entrando en un declive más peligroso todavía.
Y por supuesto que el problema de la escasez de gasoil, como nada tiene que ver con todo esto, seguirá vivita y coleando hasta que el gobierno se ponga las pilas y afine el lápiz respecto de adoptar las medidas lógicas que hace ya 4 años viene postergando.
Y un punto fina: ¿qué tipo de requisitos deberán cumplirse para lograr la autorización exigida?. Porque lo que también han publicado los diarios es que el Sr. Moreno le ha dicho a la empresa de marras que “no estamos de acuerdo con la decisión de la compañía”, lo cual no es lo mismo que discutir la fórmula del producto. Creemos ser por demás claros.
Buenos Aires, 28 de setiembre de 2006
HÉCTOR BLAS TRILLO
Contador Público
Economía y tributación
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