Deforestacion en Argentina

En las últimas tres décadas el consumo mundial de soja, fundado en la gran riqueza de proteínas que presenta esta leguminosa y oleaginosa, ha pasado de 40 a 200 millones de toneladas, creciendo a un ritmo de 5 millones de toneladas/año. Todo indica que esta tendencia se mantendrá debido a (i) las perspectivas de crecimiento de China e India, (ii) los cambios en la alimentación de ganado para evitar el mal de la vaca loca y (iii) la potencial utilización en la elaboración de combustibles (biodiesel).

La contracara de este fenómeno es el aumento de la importancia económica de este cultivo y la gran expansión del área sembrada en Brasil y Argentina, que junto con EEUU concentran el 80% de la producción mundial. Actualmente, Brasil produce cerca de 60 millones de toneladas y las divisas generadas por exportaciones ya superan los 10 mil millones de dólares, más del doble que el azúcar y café sumados.

En nuestro país, en los últimos 20 años el área sembrada con soja pasó de 2 a 14 millones de hectáreas y la producción de 3.5 a 35 millones de toneladas. A su vez, las exportaciones del complejo soja superan los 7 mil millones de dólares anuales, más de la quinta parte de nuestras exportaciones totales.

Sin embargo, el festival de la soja no es gratis ya que la explotación irracional y la expansión de la frontera agrícola esta generando secuelas aún difíciles de evaluar. Brasil enfrenta el riesgo de una catástrofe ecológica debido a la creciente deforestación de la selva amazónica impulsada por avances genéticos que han permitido la adaptación del cultivo al clima tropical y en Argentina el reemplazo de bosques por soja esta produciendo la mayor deforestación de la historia. Según datos oficiales el país esta perdiendo unas 200.000 hectáreas de bosques al año.

Córdoba es la provincia donde el proceso es más devastador, seguida por Santiago del Estero y Salta. En estas tres provincias, que albergan reservas importantes de bosques nativos, se conjuga la acción de empresarios inescrupulosos y gobiernos cómplices que permiten el accionar de los bulldozers sin reparar en las consecuencias futuras.

En la última década, junto con el incremento del cultivo, Córdoba perdió el 30% de sus bosques nativos, ubicados principalmente en las sierras. Es más, de las 10 millones de hectáreas de bosques que había hace un siglo sólo queda un 12 por ciento y, peor aún, en la zona serrana sólo resta el 2 por ciento de la superficie boscosa original. Esto ha afectado seriamente su equilibrio ecológico pues mientras en el sur de la provincia el exceso de lluvias provoca inundaciones en el noroeste se reiteran las sequías.

La deforestación de los bosques de montaña destruye esa "fábrica de agua" natural que son las sierras, que actúan como "esponjas" que absorben el agua y la van liberando a lo largo del año. La deforestación en gran escala permite que el agua de lluvia escurra rápidamente, como si se deslizara por una autopista, impidiendo la retención del fluido y provocando posteriores sequías (la alegoría corresponde a Raúl Montenegro, titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente).

En economía suelen minimizarse efectos como los descriptos al cargarlos en la cuenta de los costos de la modernización bajo términos tales como "externalidades negativas" o "fallas del mercado". De forma similar en el vocabulario castrense se suelen cargar a la cuenta de las llamadas guerras justas los costos por "daños colaterales". Esos "sacrificios necesarios" han servido para justificar en nombre de la globalización, económica o religiosa, capitalista o socialista, el genocidio de indígenas americanos en el siglo XVI y de campesinos rusos en el XX. Esta visión se corresponde con la instrumentación de la economía al servicio del interés particular de grupos.

La solución

La racionalidad económica puesta al servicio de los intereses particulares o del mercado no es ajena a estos descalabros y abusos, es más, actualmente concentra la mayor dosis de cinismo justificante dentro de las diferentes categorías de pensamiento.

En este campo, como en tantos otros, las soluciones técnicas existen pero el problema pasa por quién y cómo implementarlas, ya que confiar en la "mano invisible del mercado" llevará a situaciones de no retorno. El desafío reside en producir más soja con más eficiencia en la misma cantidad de tierra y no a costa del bosque.

Las principales organizaciones ecologistas del país coinciden en la necesidad de establecer con urgencia inmediata un plan de ordenamiento territorial y una ley de bosques que prohiba la deforestación por un periodo suficiente para permitir la recuperación natural de los ecosistemas. No cabe duda que la prohibición absoluta de deforestar y las penas de prisión para los que desmonten son instrumentos que van a llegar en unos años más, pero el problema es que lo harán cuando ya sea muy grave la escasez de agua.

Obviamente, ningún funcionario, nacional o provincial (ni siquiera las organizaciones de productores agropecuarios) se opondrá frontalmente a estas iniciativas, que serán siempre reconocidas como necesarias en declaraciones retóricas y discursos demagógicos. Sin embargo, la forma de sabotearlas pasa por el timing o el management, es decir, frenando la instrumentación de las medidas o implementando mecanismos burocráticos o poco eficientes de control.

Una vez más las soluciones económicas dependen de decisiones políticas y la única garantía que estas se tomen en el tiempo y orientación mas adecuados es ampliando la participación popular, tanto en la toma de decisiones como en su ejecución.

El deterioro en las últimas décadas de la democracia representativa y la conducta deplorable de dirigentes y representantes hacen necesario estimular el compromiso ciudadano a través de mecanismos de democracia directa o participativa. Esto implica sumar a la mesa de decisiones a las organizaciones sociales y ecológicas comprometidas con la protección del patrimonio natural, como son el Movimiento Sin Tierra de Brasil y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y entidades como la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y Greenpeace.

La incorporación de estos nuevos actores es un factor esencial para construir una nueva economía en el marco de una nueva democracia. El resto son buenas intenciones, y de ellas esta pavimentado el camino al infierno.

Por Alberto Pontoni. Marzo 2005