Demasiado grande para quebrar: quién decide
«Demasiado grande para quebrar» describe un pacto que nadie firmó. Un banco o una aseguradora es demasiado grande para quebrar cuando su colapso arrastraría a empresas y hogares que no tuvieron nada que ver con sus errores; el gobierno interviene para evitarlo, y quienes observan aprenden que el tamaño y las conexiones compran protección.
El domingo 12 de marzo de 2023, tres funcionarios identificados por nombre renovaron el pacto. Janet Yellen, secretaria del Tesoro; Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal; y Martin Gruenberg, presidente de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), la agencia que asegura los depósitos bancarios, anunciaron que todos los depositantes de Silicon Valley Bank recuperarían su dinero y que Signature Bank, cerrado ese día por la autoridad estatal que le había otorgado su licencia, recibiría el mismo trato. Las juntas directivas de la FDIC y de la Fed lo habían recomendado; la secretaria del Tesoro, tras consultar con el presidente, lo había aprobado. La quiebra bancaria, el acontecimiento que supuestamente castiga a los banqueros imprudentes y recompensa a los cuidadosos, se había convertido en una decisión tomada por personas identificadas por nombre durante un fin de semana.
Una expresión nacida en Chicago
Continental Illinois National Bank and Trust Company de Chicago, entonces el séptimo banco más grande de Estados Unidos, proporcionó el modelo para los rescates que vinieron después. En mayo de 1984, sus depositantes sin seguro y sus bancos corresponsales (los bancos más pequeños que tenían cuentas allí) empezaron a retirar su dinero en una corrida, cada uno apurado por sacar los fondos antes de que se agotaran. Para el viernes 11 de mayo, el banco había tomado prestados US$ 3.600 millones en la ventanilla de descuento, el fondo de emergencia del banco central.
Los reguladores respondieron con un paquete de US$ 2.000 millones: US$ 1.500 millones de la FDIC y US$ 500 millones de un grupo de bancos comerciales, junto con una promesa: la FDIC protegería a todos los depositantes y acreedores generales, muy por encima del límite de US$ 100.000 hasta el cual normalmente llega el seguro de depósitos. En julio hizo permanente el rescate: compró US$ 4.500 millones en préstamos incobrables, inyectó US$ 1.000 millones de capital en acciones preferentes, destituyó a la alta gerencia y a la junta directiva, y dejó a los accionistas, en palabras de la propia historia de los años ochenta de la FDIC, «prácticamente eliminados». El costo estimado para el fondo de seguro fue de alrededor de US$ 1.100 millones.
C. T. Conover, contralor de la moneda y regulador de los bancos nacionales, dijo al Congreso que los reguladores «no podrían proceder a pagar los depósitos» de ninguno de los 11 bancos más grandes. El procedimiento habitual consiste en que la FDIC pague a los depositantes asegurados hasta el límite y cierre el banco. La política quedó resumida en una etiqueta: demasiado grande para quebrar.
El instrumento era la cláusula de esencialidad, que permitía a la FDIC mantener abierto un banco en quiebra si era esencial para su comunidad. También permitía a la agencia dejar de lado la regla que le exigía elegir la opción menos costosa para su fondo de seguro. La cláusula, redactada para bancos locales, se estiró hasta que «la comunidad» pasó a significar todo el sistema financiero. Los depositantes sin seguro sacaron una conclusión obvia: los depósitos grandes están más seguros en los bancos grandes.
El negocio del rescate
Bear Stearns, marzo de 2008. El banco de inversión, parte del sistema financiero paralelo que está fuera del seguro de depósitos y se conoce como banca en la sombra, estaba al borde de la quiebra. La Fed de Nueva York prestó alrededor de US$ 28.800 millones a Maiden Lane LLC, un vehículo que compró unos US$ 30.000 millones en activos de Bear para que JPMorgan se hiciera cargo de la firma. El vehículo vendió sus últimos títulos en septiembre de 2018, con una ganancia neta de alrededor de US$ 2.500 millones para el sector público. Los accionistas de Bear perdieron la empresa.
AIG, septiembre de 2008. El 16 de septiembre, la Fed de Nueva York otorgó a la aseguradora una línea de crédito garantizada de hasta US$ 85.000 millones, invocando la sección 13(3) de la Ley de la Reserva Federal, una cláusula de emergencia que permite conceder préstamos a instituciones que no son bancos. AIG transfirió el 79,9 % de su capital accionario a un fideicomiso en beneficio del Tesoro, y reemplazaron a su director ejecutivo. AIG había caído por dos apuestas inmobiliarias: al menos US$ 21.000 millones en préstamos de valores y más de US$ 30.000 millones en seguros sobre títulos hipotecarios, pérdidas documentadas en AIG in Hindsight (NBER). En noviembre, el Tesoro compró US$ 40.000 millones en acciones preferentes de AIG mediante TARP y la línea de crédito se redujo a US$ 60.000 millones; se pagó por completo el 14 de enero de 2011.
TARP, octubre de 2008. El Congreso creó el Programa de Alivio de Activos Problemáticos (TARP, por sus siglas en inglés), autorizado por US$ 700.000 millones; la ley Dodd-Frank redujo después el límite a US$ 475.000 millones. El programa desembolsó US$ 443.500 millones, y la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), el auditor federal, estimó en diciembre de 2023 que su costo total fue de US$ 31.100 millones. Sus inyecciones centrales de capital, por US$ 204.900 millones en 707 instituciones, terminaron con una ganancia neta de US$ 16.300 millones. La industria automotriz recibió US$ 79.700 millones a través de General Motors, Chrysler y Ally Financial, con un costo de US$ 12.100 millones.
Reino Unido, octubre de 2008. El gobierno ofreció alrededor de £ 50.000 millones en capital nuevo a los cinco bancos más grandes y a la sociedad de crédito hipotecario Nationwide; entre ellos estaban Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB y HBOS. El Banco de Inglaterra dijo que la recapitalización buscaba proporcionar «un seguro contra futuras pérdidas inesperadas»; el Estado adquirió acciones.
Silicon Valley Bank y Signature, marzo de 2023; First Republic, mayo de 2023. Los depositantes quedaron totalmente protegidos; más adelante, la FDIC atribuyó alrededor de US$ 16.300 millones del costo a sus saldos sin seguro. Los accionistas y ciertos tenedores de deuda no garantizada (acreedores con bonos sin garantías) no recibieron protección, y la alta gerencia fue destituida. First Republic cerró el 1 de mayo y JPMorgan lo compró con sus depósitos y casi todos sus activos; el 13 de abril tenía activos por alrededor de US$ 229.100 millones y depósitos por US$ 103.900 millones, y le costó unos US$ 13.000 millones al Fondo de Seguro de Depósitos.
Credit Suisse, marzo de 2023. UBS se hizo cargo de su rival el 19 de marzo con el apoyo del gobierno suizo, FINMA, el supervisor financiero suizo, y el Banco Nacional Suizo. Ambos bancos podían acceder a hasta CHF 100.000 millones en asistencia de liquidez, y el banco central podía prestarle a Credit Suisse otros CHF 100.000 millones, respaldados por una garantía federal de incumplimiento que ponía fondos públicos detrás del acuerdo.
Quién decide
Las decisiones de 2023 siguieron una cadena establecida por ley: primero, las juntas directivas de la FDIC y de la Reserva Federal deben recomendar la excepción, y luego la secretaria del Tesoro, en consulta con el presidente, debe aprobarla. En teoría, es una salvaguarda; en la práctica, es una cadena política, integrada por personas que trabajan bajo la presión temporal de una corrida bancaria. La ley no calcula el riesgo sistémico, es decir, el peligro de que una quiebra se propague; los funcionarios lo evalúan, y distintos funcionarios lo hacen de distintas maneras. Las quiebras ordinarias no requieren una decisión discrecional: se paga a los depositantes hasta el límite y se cierra el banco. La excepción es lo que convierte esa regla mecánica en una decisión sobre qué depositantes merecen más que el límite.
La excepción apenas ha cambiado desde 1984: entonces, la cláusula de esencialidad permitía a la FDIC dejar de lado su prueba de costos; en 2023, la excepción por riesgo sistémico le permitió proteger a los depositantes por encima del límite del seguro. En ambas épocas hay una regla para las quiebras ordinarias y una segunda cláusula que permite a los funcionarios suspenderla. Por eso, la pregunta decisiva siempre es la misma: ¿esta quiebra cuenta como excepcional y quién lo decide?
También está establecido quién paga, y no es el contribuyente. El Fondo de Seguro de Depósitos se financia con primas de los bancos, y la ley exigía que la FDIC recuperara el costo de proteger a los depositantes sin seguro mediante un cargo especial. El 16 de noviembre de 2023, la agencia fijó sus condiciones: 13,4 puntos básicos al año (un punto básico es una centésima de punto porcentual) durante ocho trimestres. En total, el cargo se aplicó a 114 organizaciones bancarias, y ninguna con activos inferiores a US$ 5.000 millones pagó nada.
«Los contribuyentes no soportarán pérdidas» era, por lo tanto, una afirmación cierta e incompleta a la vez. Cierta: el dinero salió de un fondo financiado por la industria, y se recuperó después de 114 organizaciones. Incompleta, porque describe la factura, no la decisión: la protección a los depositantes sin seguro se concedió de manera discrecional, y la cuenta recayó en bancos rivales y, en la medida en que estos pudieron trasladar el costo, en sus clientes.
El mercado del rescate
Lo importante no es quién integra esa cadena, sino cuánto vale la decisión. Una empresa que podría necesitar la excepción algún día tiene incentivos para ser el tipo de empresa que la recibe: ser grande, estar conectada, gestionar los pagos de los que dependen otras empresas y poder aparecer en el párrafo que explica qué ocurriría si quebrara. El incentivo opera años antes de cualquier crisis y no requiere ninguna conducta indebida. Que la perciban como indispensable es una estrategia racional, que se persigue como cualquier otra ventaja competitiva. La industria aprendió a argumentar que es indispensable, y ese argumento se vuelve una profecía autocumplida: una empresa capaz de advertir de forma creíble que su quiebra arrastraría al sistema consigo se ha vuelto demasiado grande para quebrar.
William Dudley, entonces presidente de la Fed de Nueva York, señaló que el daño que propaga una quiebra «no depende simplemente del tamaño»: depende de «la combinación particular de actividades comerciales y del grado de interconexión», así como de «la facilidad con la que sus clientes pueden trasladar sus operaciones a otros proveedores». Por lo tanto, la versión más precisa de la expresión es «demasiado conectada para quebrar», y las conexiones pueden construirse: una empresa elige sus contrapartes, sus productos y sus clientes, y puede elegirlos de modo que su quiebra se convierta en un problema para todos.
Los críticos llevan el argumento más lejos. Sostienen que el lobby, el financiamiento de campañas y la puerta giratoria entre el regulador y el regulado hacen más probable que se salve a las empresas bien conectadas, y que el acceso, no el mérito, inclina la decisión. El registro público no puede demostrarlo en ningún caso particular. El argumento estructural se mantiene pese a esa incertidumbre, porque la propia discrecionalidad es el punto vulnerable: una garantía asignada a criterio de alguien es un activo que vale la pena capturar, y, según esta lógica, las empresas que esperan necesitar una invertirán en obtener acceso a quienes la asignan. Los canales que describen los críticos son corrientes: las asociaciones comerciales que hablan en nombre de la industria, las cartas de comentarios sobre las normas que la regirán y el flujo constante de funcionarios hacia las empresas que antes supervisaban. La economía política de un rescate no es un espectáculo secundario: es el mecanismo por el que se distribuye el subsidio.
Por qué esto es malo para el capitalismo
Los economistas tienen un nombre para la consecuencia: riesgo moral, el cambio de conducta que se produce cuando alguien está protegido. Un conductor con seguro completo toma la curva más rápido; un banco que espera que lo rescaten puede financiarse a menor costo. Giovanni Dell’Ariccia y Lev Ratnovski concluyeron en un documento de trabajo del FMI de 2013 que la expectativa de recibir apoyo genera riesgo moral y aumenta la toma de riesgos, y que el riesgo adicional se asume en los años tranquilos, antes de cualquier rescate.
El subsidio es real y se expresa en los costos de financiamiento. Las empresas consideradas demasiado grandes para quebrar, dijo Dudley, «disfrutan de un subsidio artificial en forma de menores costos de financiamiento»: una garantía por la que el gobierno no cobra y que «reduce el costo de los fondos de la empresa y la incentiva a asumir más riesgos». Claudia Buch, vicepresidenta del Bundesbank alemán, plantea el mismo argumento: la expectativa de recibir apoyo «actúa como un subsidio implícito: reduce los costos de financiamiento de los bancos de importancia sistémica y debilita la disciplina del mercado», es decir, la presión que, de otro modo, ejercerían los prestamistas al cobrarle más a un banco imprudente.
El subsidio también discrimina. Fluye hacia las empresas más grandes y, según Dudley, «distorsiona la competencia en detrimento de las empresas más pequeñas y menos complejas»: un banco regional se endeuda a un costo más alto que un gigante respaldado por una garantía implícita y compite por los mismos clientes en desventaja. Además, el efecto se acumula. Dudley observó «un incentivo desafortunado para que las empresas se vuelvan aún más grandes y complejas», y cada ronda de concentración hace más peligrosa la siguiente quiebra y más seguro el próximo rescate. El sistema deriva hacia un puñado de empresas que pueden ser rescatadas individualmente, pero no colectivamente.
Para un ahorrista común, el acuerdo parece conveniente: los depósitos están seguros, y esa seguridad es lo que compra el subsidio. La cuenta llega a otro lado: una economía un poco menos competitiva, un poco más concentrada y un poco más lenta para reemplazar a las empresas que merecen quebrar. El daño más profundo afecta a la selección. La promesa del capitalismo es que los mercados asignan el capital: los competentes crecen, los imprudentes quiebran y la quiebra despeja el terreno para nuevos participantes. «Demasiado grande para quebrar» suspende esa promesa para las empresas más importantes: el Estado reemplaza al mercado en la selección y decide qué empresas considera indispensables. El crédito asignado por decisión oficial, en lugar de por el precio, empieza a parecerse a la represión financiera, la vieja práctica de dirigir los ahorros hacia los prestatarios que prefiere el Estado.
La defensa
Es fácil argumentar en contra de los rescates hasta que llega la crisis. El contagio no es un mito. En el otoño de 2008, los fondos del mercado monetario, que prometen a los inversores liquidez inmediata, enfrentaron retiros que solo podían cubrir vendiendo activos con pérdidas; el mercado de papel comercial que financia las nóminas de empresas comunes se estaba paralizando, y los bancos estaban restringiendo el crédito. Dejar que el sistema se congelara no habría sido neutralidad: habría sido una decisión con sus propias víctimas, como había demostrado la década de 1930. Un rescate que parece caro el domingo puede ser la opción barata el viernes.
Los rescates fueron menos generosos de lo que sugiere la palabra «salvataje». Los propietarios pagaron y se reemplazó a los gerentes: los accionistas de Continental fueron «prácticamente eliminados», el control de AIG pasó a un fideicomiso para el Tesoro y los rescates de 2023 destituyeron a la alta gerencia. Lo que protegió el Estado fue la infraestructura del sistema, no a quienes habían apostado por ella.
El balance final fue mejor de lo que indicaban los titulares. TARP terminó con un costo total de US$ 31.100 millones frente a los US$ 443.500 millones desembolsados, y su programa central de capital obtuvo una ganancia neta de US$ 16.300 millones; el Tesoro salió ganando con AIG una vez que vendió todas sus acciones; el vehículo de Bear Stearns devolvió una ganancia al sector público. Los rescates estadounidenses de 2023 se cargaron al fondo de seguro, no al Tesoro; el costo de los depósitos sin seguro de SVB y Signature se recuperó mediante un cargo a los bancos, y ninguno con activos inferiores a US$ 5.000 millones pagó. Hay indicios de que las reformas han tenido efecto: Buch cita los precios de mercado y las calificaciones crediticias como prueba de que los participantes del mercado «consideran creíble» la resolución, el proceso legal para liquidar un banco en quiebra sin un rescate, y ahora asignan cierta probabilidad a que las pérdidas recaigan en los accionistas y acreedores, en lugar de en los contribuyentes.
Hacer honesto el pacto
La conclusión honesta no es que el Estado nunca deba rescatar, sino que un rescate debe aplicarse según condiciones establecidas de antemano, tener un precio y hacerse a la luz del día.
Establecer las condiciones significa publicar, antes de cualquier crisis, quién está protegido y quién no, para que la decisión del fin de semana ejecute una regla en vez de inventarla. Ponerle un precio significa cobrar por la garantía de la que ya disfrutan las empresas más grandes; el marco del Comité de Basilea para los bancos de importancia sistémica mundial hace esto mediante los requisitos de capital: exige más capital a los bancos cuya quiebra causaría más daño. Para que la resolución sea creíble, hay que crear mecanismos que permitan que las empresas quiebren: Dodd-Frank exige que las empresas más grandes presenten testamentos en vida, instrucciones para liquidarse sin ayuda oficial; mantiene la quiebra como primera opción establecida por ley y otorga a la FDIC una Autoridad de Liquidación Ordenada, la facultad de desmantelar un gigante en quiebra, como último recurso. Y si los críticos tienen razón en que el acceso inclina los rescates, la respuesta mínima es la transparencia: publicar los contactos entre los funcionarios y las empresas rescatadas.
Un gobierno que quiera que le crean durante la próxima crisis debería cuidar su reserva de credibilidad, el mismo activo que ancla las expectativas de inflación; un Estado que rescata con demasiada facilidad a sus banqueros durante un pánico verá cómo sus otras promesas pierden valor.
Un capitalismo que rescata según condiciones publicadas, a un precio publicado y a la vista de todos todavía puede llamarse capitalismo. La versión practicada en 1984, 2008 y 2023 ya eligió a sus ganadores, y los ganadores lo saben.
Fuentes y lecturas complementarias
- FDIC, Tesoro y Reserva Federal, declaración conjunta, 12 de marzo de 2023
- FDIC, Historia de los años ochenta, capítulo 7: Continental Illinois
- Fed de Nueva York, operaciones de Maiden Lane
- Fed de Nueva York, actuaciones relacionadas con AIG
- NBER, McDonald y Paulson, AIG in Hindsight
- GAO, costo total del TARP, 2023
- Banco de Inglaterra, Informe de Estabilidad Financiera, octubre de 2008
- FDIC, venta de First Republic, 1 de mayo de 2023
- Banco Nacional Suizo, compra de Credit Suisse por UBS, 19 de marzo de 2023
- FDIC, regla del cargo especial, 16 de noviembre de 2023
- Dudley, Ending Too Big to Fail, 2013
- FMI, Bailouts and Systemic Insurance, 2013
- Buch, Tackling too-big-to-fail banks, 2020
- Comité de Basilea, marco de los G-SIB
- FDIC, autoridad de resolución